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En
nuestra sociedad parece percibirse un déficit de justicia y
democracia en las instituciones políticas que produce en
muchos ciudadanos rechazo de la política al uso y, con alguna
frecuencia, rechazo del sistema político vigente, tal como
está plasmado en las leyes y en la propia constitución;
lo que les lleva, a la hora de las elecciones a los consistorios
y a los parlamentos, a la abstención o el voto en blanco.
Para
unos actúa como motivación de su postura la corrupción,
demasiada frecuente, a su juicio, y no ejemplarmente castigada
y que se acerca hasta los mismos aledaños del poder.
Para
otros, la ya crónica enfermedad del paro y del trabajo
precario, amen de la exclusión social a que muchos están
abocados cuando no han caído ya. Añádase la
disparatada y aberrante espiral del precio de las viviendas que
hipoteca toda la vida laboral de una persona.
Les
mueve, asimismo, el desmantelamiento, por privatización,
de determinados servicios públicos en sanidad, educación
y trasportes, por ejemplo. Les inquieta la falta de atención a
los problemas fundamentales de cara al futuro: contaminación y
cambio climático, desertización, agotamiento de
recursos no renovables, nuestra participación en las
guerras al lado de la potencia hegemónica sin ninguna actitud
crítica (armamentismo), etc.
Algunos
terceros apuntan al déficit democrático como tal:
listas cerradas en las candidaturas, estructura piramidal de los
partidos políticos, obediencia de senadores y diputados al
partido propio y no a los electores, búsqueda descarada
del poder y el privilegio, abuso de las mayorías, etc
Otros
más, conscientes de que de hecho todos los pueblos y países
estamos relacionados, no ven ni intención ni programas
creíbles y eficaces para abordar los problemas de
justicia, estrechamente vinculados a la viabilidad de la paz, que
genera en el mundo la tremenda e injusta desigualdad entre ricos y
pobres, entre integrados y excluidos.
Preocupa,
en este sentido, la vinculación con organismos
internacionales, comenzando con la Unión Europea, que
generan ingente materia legislativa vinculante para nuestro país,
pero nunca explicada con suficiencia y debatida con conocimiento de
causa por los ciudadanos.
Un
grupo numeroso de ciudadanos cree que el sistema legal vigente no
ampara como es debido los derechos sociales y económicos de
las personas, pueblos y colectividades; máxime, cuando se da,
con apoyo de la legalidad, una defensa a ultranza de la
propiedad privada ilimitada (véase, por ejemplo, el caso de
las patentes farmacéuticas de tan negativa influencia
entre los pobres) y de los derechos del sistema financiero
(véase el añejo, pero sangrante, problema de la
deuda externa).
Todo
este conjunto de razones -para unos, todas; para otros, algunas-
hacen creer que es el sistema como tal el que debe reformarse y que
los partidos políticos, tal como están
estructurados, no pueden dar respuesta a las exigencias
políticas y sociales de hoy. Y eso es lo que lleva a
algunos a abstenerse en las elecciones y a otros -persuadidos de que
la sola abstención puede ser tachada de irresponsable-
al voto en blanco o a elegir la candidatura que, entre todas las
propuestas, le parece la menos mala.
El
problema está en que, legal y constitucionalmente, ni la
abstención ni el voto en blanco son eficaces, al menos a corto
plazo, para cambiar la forma de hacer política ni, por
supuesto, las estructuras sociopolíticas; aun
reconociendo la ingente y meritoria labor de concienciación
que han llevado a cabo determinados grupos que han promovido sin
descanso el voto en blanco desde muy sólidas razones.
Presentar
un nuevo partido tampoco tendría sentido, pues los
condicionamientos existentes le obligarían a entrar por el
sistema en que están enredados los demás.
Igualmente, proponer una nueva ley desde la iniciativa popular no
parece poder llegar lejos; pues, aparte de la difícil recogida
de medio millón de firmas, la ley propuesta habría de
ser debatida por los menos interesados en que salga adelante.
Una
salida imaginativa -y creemos que eficaz, como comienzo de un camino-
es la del colectivo "Ciudadanos en Blanco". Este colectivo
se ha constituido recientemente en partido político, pero
atípico (un no-partido, dicen ellos), con una doble
finalidad:
1°.-
Impedir que los partidos que se presenten a las elecciones se
apropien del voto en blanco y, hasta cierto punto, también
de la abstención.
2°.-
Dar una salida -volviendo eficaz el voto en blanco- a los votantes en
blanco y a los que, a la hora de elegir entre los partidos
existentes, se rigen por la regla del menos malo.
Por
ello, llevan como punto único y exclusivo de su programa que
se modifiquen las leyes correspondientes o se promulgue una
nueva para que se computen los votos en blanco en igualdad de
condiciones con los de las candidaturas, de modo que se dejen
sin ocupar -queden vacíos- los escaños que, por el
número de votos en blanco emitidos, pudieran corresponderles.
Mientras
esa ley no se promulgue, Ciudadanos en Blanco, siempre que se
presente a las elecciones (ya se presentó a las
correspondientes a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en las que
obtuvo 10.000 votos y a las Generales para el Congreso y el Senado
del país, con 40.000 votos a su favor), pedirá el voto
para su formación, comprometiéndose a dejar vacíos
los propios escaños que pudieran corresponderle.
Por
lo demás Ciudadanos en Blanco se disolvería
inmediatamente que la ley que solicita fuese aprobada; pues no tiene
ninguna voluntad de poder.
De
esta forma Ciudadanos en Blanco asume todas las razones de los
votantes en blanco, que quieren profundizar la democracia, sin
especificar ninguna ni hacerla suya en exclusiva. Únicamente
pretende que se visibilice en los parlamentos la disconformidad
de estos votantes que no se encuentran en pie de igualdad con los que
votan a las demás formaciones políticas.
Otra
cosa es que, iniciado este camino y caminado por él el espacio
suficiente, no se alegren -que sí se alegrarán- de que
aquellos que se sientan impulsados a ello den futuros pasos de
propuestas concretas. Ahora dejan la pelota en el tejado de los
partidos tradicionales por si, recibido este serio aviso, son capaces
de cambiar de rumbo y votan la ley que se les pide.
Fedro
Galindo Tapias
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